Comerciantes de baterías y autopartes denunciaron que son objeto de abusos por parte de autoridades que los vinculan erróneamente con el narcotráfico. Señalan que únicamente comercializan baterías terminadas, que contienen ácido sulfúrico mezclado con agua destilada, y cuentan con las certificaciones necesarias para demostrar que no se trata de sustancias controladas. Aseguran que las incautaciones de baterías se realizan sin respaldo legal y que los productos nunca les son devueltos, generando perjuicios económicos y temor entre los comerciantes.
Además, explican que los operativos de fiscalización en ciudades como Santa Cruz, El Alto y La Paz, realizados por la FELCN y otras autoridades, son intimidantes y desproporcionados, con presencia de personal armado y amedrentamiento a los comerciantes. Los afectados aseguran que la resolución 071 establece que los productos terminados y sellados no deberían ser sujetos a control, por lo que exigen reuniones con las autoridades para frenar estos abusos y garantizar que su actividad comercial se desarrolle de manera legal y segura.