Protestas en Las Kantutas por retrasos en aprobación del alcantarillado
Vecinos de la urbanización Las Kantutas, en Achocalla, realizaron protestas exigiendo la aprobación del sistema de alcantarillado, denunciando la falta de acceso al agua potable y la necesidad de autofinanciar la instalación de pozos. Según José María Herbas, experto en Sistema de Alcantarillado y Agua, esta situación evidencia la persistente mala administración y corrupción en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), que afecta a múltiples municipios del eje metropolitano, incluyendo Palca, Achocalla, Mecapaca, Laja, El Alto, La Paz y Pucarani.
Los habitantes deben asumir costos elevados para acceder al agua, incluyendo tuberías, accesorios y derechos de conexión, lo que genera desigualdad en el acceso a un servicio básico. Herbas señaló que EPSAS prioriza la asignación política de gerentes e interventores sobre la capacidad técnica, lo que ha debilitado la operatividad de la institución y limita la expansión de la cobertura de agua potable y alcantarillado en sectores urbanos y periurbanos.
El experto también destacó la problemática ambiental en la represa de Incachaca, donde operan al menos cinco cooperativas mineras que podrían impactar la calidad del agua. Las empresas extraen y transportan minerales a Viacha, utilizando químicos que requieren un control riguroso por parte de las autoridades, incluyendo la Gobernación y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua, para prevenir afectaciones a la salud y el medio ambiente.
EPSAS mantiene laboratorios que realizan monitoreo constante de la calidad del agua antes de su distribución, sin embargo, las denuncias de contaminación y los altos costos operativos limitan la capacidad de la empresa de atender adecuadamente a la población. Herbas sugiere una reestructuración interna de EPSAS y la creación de una empresa metropolitana pública que garantice cobertura y gestión eficiente del agua para los ocho municipios afectados.
Finalmente, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deben coordinar acciones efectivas para asegurar que el servicio de agua y alcantarillado llegue a todos los sectores, mientras se regula la actividad minera cercana a fuentes de abastecimiento. La participación ciudadana y la fiscalización constante serán claves para garantizar la seguridad del agua y mitigar los riesgos ambientales que enfrenta la población del eje metropolitano.