VECINOS ENFRENTADOS POR SEDE: SE ACUSAN DE AUTONOMBRAMIENTOS Y COBROS IRREGULARES EN CIUDAD SATÉLITE

Vecinos enfrentados por sede: se acusan de autonombramientos y cobros irregulares en el plan 405 de Ciudad Satélite

En el plan 405 de Ciudad Satélite, los vecinos se encuentran divididos debido a disputas por el control de una sede que ha generado conflictos. La presidenta del plan, Patricia Cruz, denunció que el polideportivo de la plaza Rosada, que había estado cerrado por años y utilizado para fines ajenos a la comunidad, ahora estaba siendo reclamado por un grupo paralelo. Según la presidenta, este grupo ha intentado apoderarse de los bienes para obtener ingresos mediante alquileres, lo que ha motivado las tensiones entre los residentes.

La presidenta explicó que la principal demanda de los vecinos es que la sede sea utilizada para el bienestar de la comunidad, ofreciendo servicios como un consultorio vecinal y actividades sociales. Sin embargo, algunos miembros del grupo paralelo, como Jorge Vara, han sido acusados de gestionar el polideportivo de forma irregular, cobrando entre 1000 a 1500 bolivianos diarios por el uso de las instalaciones sin rendir cuentas a la comunidad.

El conflicto ha escalado a tal punto que, según testimonios, algunos vecinos han sido víctimas de agresiones. Un relato menciona que la señora Patricia Cruz agredió a una vecina, lo que llevó a la denuncia policial. Además, las tensiones aumentaron cuando los opositores acusaron a la presidenta de ser una "autonombrada" y de realizar cobros ilegales.

La situación se ha complicado aún más debido a la intervención de la alcaldía, que ha realizado un acto judicial para el desalojo de quienes ocupan las instalaciones sin la debida autorización. Con el respaldo de un notario de fe pública y personal de derechos humanos, los vecinos están exigiendo que se cumpla la ley y que los predios sean entregados para uso comunitario.

A pesar de las confrontaciones, los residentes del plan 405 han decidido llevar adelante una protesta pacífica, apelando a la justicia para garantizar que la sede sea utilizada para el beneficio colectivo y no para intereses privados.