La Asociación de Periodistas de Bolivia presentó un balance preocupante sobre la situación del trabajo periodístico durante la gestión de Luis Arce Catacora, registrando más de 500 vulneraciones a la libertad de prensa. Según los reportes, el 40% de estos casos corresponden a ataques físicos contra periodistas, mientras que otros incidentes incluyen la falta de acceso a la información, judicialización del trabajo periodístico y presiones para revelar fuentes, atentando contra el secreto profesional.
Frente a esta situación, la organización solicitó al Estado boliviano implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que en su resolución 27 instó a establecer mecanismos de protección al trabajo periodístico. Además, los comunicadores demandan la regulación de la asignación de publicidad estatal para evitar que estos recursos sean utilizados como mecanismo de presión o recompensa según la línea editorial de los medios.
