Experto en seguridad advierte que la nacionalización de la lucha antidroga impide la paz en Bolivia

El experto en seguridad Jorge Santiesteban afirmó que la persistencia de hechos violentos como el asesinato del hijo de una alcaldesa en San Ramón evidencian la gravedad del conflicto con el crimen organizado en el país. Según Santiesteban, episodios como el ocurrido con Jonathan López, quien fue ultimado a plena luz del día tras sobrevivir a un atentado meses atrás, muestran una escalada de violencia que ya no puede abordarse con soluciones locales aisladas.

Para el analista, la llamada «nacionalización» de la lucha contra el narcotráfico —política que, sostiene, sirvió como pretexto para evitar cooperación internacional— potenció la expansión de cultivos de coca y la instalación de laboratorios en territorio boliviano. Santiesteban atribuye este fenómeno a decisiones políticas previas y a decretos presidenciales que, a su juicio, favorecieron el aumento de la producción ilícita.

El experto advirtió además que organizaciones criminales transnacionales se han enquistado en Bolivia: mencionó la presencia de grupos como el PCC, Comando Vermelho, el Cártel del Golfo y el Tren de Aragua, así como la participación de ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. Según su análisis, estas estructuras encontraron en el país un «territorio fértil» para producir, procesar y traficar drogas, evitando así el escrutinio de organismos internacionales.

Santiesteban vinculó la expansión del crimen con la corrupción en instituciones clave: fiscales, jueces, policías y abogados, que —dijo— permiten la impunidad a través de arreglos que impiden sentencias y estancan investigaciones. Relató casos recientes de secuestros y denuncias que no avanzaron en la investigación, lo que, en su opinión, contribuye a una sensación de impunidad y a la perpetuación de la violencia.

Frente a este panorama, el analista planteó que el nuevo gobierno enfrentará una tarea difícil, pues, afirmó, un Estado debilitado por la corrupción no tiene la capacidad por sí solo de desmantelar esas redes. Propuso como primera medida la activación de apoyos internacionales —no como intervención sino como cooperación técnica, logística y de inteligencia— para reforzar la capacidad estatal sin vulnerar formalmente la soberanía.

Finalmente, Santiesteban reclamó una reforma profunda en las instituciones de seguridad y justicia: limpiar de «la hierba mala» a policías y militares corruptos, conformar una fuerza de élite conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía para la lucha antidroga, y aceptar asesoramiento externo especializado. Para el experto, sin estas acciones coordinadas y sin voluntad política clara, la cadena de violencia y delitos organizada seguirá intacta.