Experto en hidrocarburos afirma que la falta de combustible ya era un problema en 2023

El gobierno ha promulgado una ley corta de importación de combustibles, diseñada como una medida de emergencia para enfrentar la crisis energética que afecta al país desde inicios de 2023. Según expertos, esta norma permitirá agilizar la importación de combustibles por parte de privados, facilitando el abastecimiento en sectores clave como la zafra de Santa Cruz y el transporte, que actualmente atraviesa uno de los peores desabastecimientos de los últimos años. La ley reconoce la emergencia energética y busca dar una respuesta rápida ante la escasez de diésel y gasolina.

Entre los beneficios de esta normativa, se destaca la posibilidad de que los privados puedan importar combustible acortando la tramitología habitual, que contempla cerca de 58 requisitos para la autorización. Esto responde a la urgencia de sectores productivos y de transporte que requieren energía para continuar sus operaciones. Sin embargo, se advierte que la ley solo tiene vigencia de tres meses, lo que limita su impacto a corto plazo y no soluciona los problemas estructurales de abastecimiento y política energética.

Los especialistas señalan que los desafíos fundamentales incluyen la falta de divisas para importar combustibles y la persistente política de subsidios, que mantiene los precios del diésel y la gasolina muy por debajo de su valor real. Esta situación desincentiva la compra a precios de mercado por parte de importadores privados, complicando la implementación efectiva de la ley corta y la apertura del sector a la inversión privada.

Otro aspecto crítico es la autosuficiencia energética del país, que se ha visto reducida drásticamente en los últimos años. Actualmente, Bolivia importa cerca del 90% del diésel que consume y alrededor del 60% de la gasolina. La producción de gas natural también está en declive, lo que plantea la necesidad de medidas urgentes para revertir esta tendencia y evitar depender exclusivamente de importaciones en el futuro cercano.

Los expertos coinciden en que, además de esta ley temporal, es imprescindible reformar la política de subsidios y promulgar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la inversión, la modernización del sector y la sostenibilidad energética. Solo con cambios estructurales será posible garantizar el abastecimiento confiable de combustibles, mantener la estabilidad de precios y sentar las bases para una política energética coherente que proteja tanto a los sectores productivos como a los consumidores.