Abogado La Torre exige captura de responsables por nuevos avasallamientos en Guarayos

Un nuevo conflicto por avasallamientos vuelve a encender las alertas en Guarayos. El abogado Álvaro La Torre denunció que una familia, propietaria legal de un predio en la zona de Ascensión de Guarayos, fue nuevamente víctima de la toma ilegal de sus tierras por parte de un grupo armado. Según relató, este tipo de hechos no es nuevo, ya que la familia Yujra sufrió similares ataques en 2021, 2023 y 2024, pese a contar con títulos saneados y una resolución judicial que avala su propiedad.

La Torre recordó que en el primer desalojo, dispuesto por la autoridad agroambiental, los invasores llegaron a atacar a más de 150 policías y a destruir buses y vehículos oficiales. Aun así, el hecho fue “minimizado y silenciado” por las autoridades de entonces. Ahora, a pocos días del cambio de gobierno, los avasalladores habrían vuelto a ingresar al terreno, construyendo incluso un puente para cruzar el canal que rodea la propiedad y exigiendo a la familia el pago de entre 15.000 y 20.000 dólares por persona para retirarse del lugar.

El jurista calificó el hecho como un “delito de extorsión y organización criminal”, señalando a varios implicados que, según él, ya han sido identificados plenamente. Mencionó entre los cabecillas a Felipe Pérez, alias “el Tuco”; Martín Andrade; Osmar Parilla, dirigente campesino; y al asambleísta Cirilo Daza, a quien acusó de brindar protección política a los grupos invasores. También vinculó a otras personas y familias de la región con antecedentes similares, quienes habrían actuado bajo cobertura de exautoridades.

De acuerdo con el abogado, este nuevo ataque podría tener motivaciones políticas, ya que se produce a escasos días del inicio del nuevo gobierno. “Parece una consigna para generar zozobra y conflictos que empañen la gestión entrante”, afirmó. Pese a ello, expresó su esperanza de que la Policía actúe con firmeza en los próximos días para detener a los responsables y restablecer la legalidad sobre los predios invadidos.

La Torre recalcó que la propiedad “El Encanto” está completamente saneada y cuenta con todos los documentos legales. En 2021, un juez agroambiental ya había dictado su desalojo a favor de la familia Yucra tras verificar la legalidad de los títulos. No obstante, denunció la lentitud del sistema judicial y la falta de acción de las autoridades, que, según dijo, han permitido la repetición de estos hechos y la impunidad de varios involucrados.

Finalmente, el abogado instó a la Fiscalía y a la Policía a actuar con “cero tolerancia” frente a los avasallamientos y a desmantelar las organizaciones criminales que operan en la región. “Esperamos que, liberadas del yugo político, las instituciones cumplan con la ley. Si no pueden hacerlo, deberían dar un paso al costado. Bolivia no puede seguir tolerando estos abusos”, concluyó.