Falta de combustible y ríos desbordados amenazan cultivos, alerta la Cámara Agropecuaria

La falta de combustible y el desborde de ríos están generando preocupación en el sector agropecuario de Bolivia. Demetrio Pérez, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores, explicó que la escasez de diésel dificulta la cosecha de cultivos ya listos, mientras que la apertura de diques por parte de algunos sindicatos ha provocado la inundación de más de 4.000 hectáreas de soya, afectando gravemente la producción. Esta situación pone en riesgo no solo la propiedad de los productores, sino también la soberanía alimentaria del país.

Pérez señaló que la problemática se extiende a la próxima campaña de verano, que contempla más de 2 millones de hectáreas sembradas. Sin un abastecimiento seguro de combustible, los productores podrían enfrentar pérdidas significativas, lo que impactaría en la economía local y en la disponibilidad de alimentos para la población. Además, enfatizó que la soya cultivada no es solo para exportación, sino que forma parte de la canasta familiar a través de productos derivados como aceite, harina y alimento para ganado.

Ante esta situación, se prevé la realización de un ampliado de emergencia que convocará a autoridades y productores para coordinar medidas contra los responsables de los daños. El objetivo es resarcir los perjuicios y garantizar la protección de los cultivos y la continuidad de la producción en el país. Pérez destacó que, aunque el sector ha colaborado con las autoridades en diversas ocasiones, persisten acciones que afectan el trabajo agrícola y favorecen el enriquecimiento ilícito de algunos grupos.

Finalmente, el vicepresidente de la cámara agropecuaria expresó su esperanza en que el nuevo gobierno pueda implementar soluciones efectivas. Señaló que es imprescindible contar con políticas claras para el suministro de combustible y la protección de los ríos, así como medidas legislativas que eviten la pérdida de producción y aseguren el abastecimiento interno de alimentos. Según Pérez, la responsabilidad del Estado es fundamental para garantizar que los productores puedan trabajar sin restricciones y que la población no se vea afectada por un encarecimiento de los alimentos.