El expresidente Luis Arce enfrenta responsabilidades judiciales por el daño económico de más de mil millones de bolivianos en el caso Fondo Indígena, proceso que fue reactivado por el exdiputado Rafael Quispe. Según el abogado Frank Campero, Arce tuvo responsabilidad en el manejo de los recursos del fondo, un programa estatal que durante años fue objeto de múltiples denuncias de corrupción. La normativa establece que, mientras persista el arraigo, las autoridades deben permanecer al menos tres meses dentro del país para responder a citaciones judiciales.
Actualmente se confirma que Arce continúa en La Paz, y se subraya la importancia de que no salga del país para poder ser citado en los procesos legales. Por el millonario desfalco del Fondo Indígena, se han abierto 161 procesos penales. Aunque se logró la recuperación parcial de los recursos, los procedimientos judiciales continúan vigentes, manteniendo abierta la búsqueda de responsabilidades y justicia.
