Vecinos de San Jorge Kantutani Bajo denunciaron que la alcaldía de La Paz pretende instalar barandas de seguridad en terrenos donde anteriormente se encontraban sus viviendas, afectadas por un deslizamiento hace seis años. Los residentes aseguran que la colocación de estas estructuras podría aislar completamente sus propiedades y temen que la municipalidad se adueñe de sus terrenos, vulnerando su derecho propietario.
Miriam Flores, una de las vecinas afectadas, señaló que lo único que solicitan es que no se coloquen las barandas hasta que se encuentre una solución justa que respete la propiedad de cada familia. Aseguró que la alcaldía ha ignorado durante años sus reclamos y que la falta de atención ha generado preocupación entre los residentes, quienes han permanecido pendientes de sus terrenos durante más de seis años.
Los vecinos presentaron documentación, recortes de prensa y cartas que acreditan la propiedad de sus predios, pero denuncian que la alcaldía hace caso omiso a estas pruebas. También afirmaron que la construcción de muros y barandas sobre sus terrenos los estaría privando del acceso y de la libre locomoción hacia sus propiedades, generando un conflicto con las obras de rehabilitación de la vía Libertad.
Por su parte, la alcaldía de La Paz aclaró que la instalación de las barandas tiene fines de seguridad, para evitar caídas en los desniveles del terreno, y que no se está interviniendo directamente sobre propiedades privadas. El ingeniero Arturo Gallardo, encargado de la obra, indicó que el proyecto busca garantizar la seguridad de peatones y conductores, pero reconoció la preocupación de los vecinos sobre el acceso a sus propiedades.
Se espera que llegue un representante de la alcaldía para dialogar con los vecinos y encontrar un punto medio que permita habilitar la vía y, al mismo tiempo, respetar los derechos de los propietarios. Los afectados señalaron que están abiertos al diálogo, siempre que se considere su documentación y se busque una solución que no los perjudique.
Los vecinos manifestaron que, a seis años del deslizamiento, continúan sin recibir compensación ni indemnización por la pérdida de sus viviendas. Consideran que la situación es injusta y exigen que las autoridades tomen medidas concretas para resolver este conflicto, evitando que las obras de infraestructura municipal vulneren sus derechos constitucionales sobre la propiedad privada.
