José Antonio Rivera explica por qué era necesario cerrar el Ministerio de Justicia

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera expresó su total respaldo a la decisión del presidente Rodrigo Paz de cerrar el Ministerio de Justicia, asegurando que se trata de una medida “acertada” dentro de un Estado que debe regirse por la separación de funciones y la independencia de poderes. Explicó que, según la Constitución, la administración de justicia corresponde exclusivamente al Órgano Judicial, por lo que el Ejecutivo no debería tener injerencia en esta materia. Rivera recordó que durante dos décadas se denunciaron irregularidades y presiones provenientes de esta cartera de Estado.

Según el jurista, en los últimos 20 años el Ministerio de Justicia se convirtió en un instrumento político que habría interferido en decisiones judiciales y vulnerado la independencia de magistrados y jueces. Rivera señaló que esta cartera estatal ejercía presiones a través del Viceministerio de Justicia, incluso con presencia en audiencias, y articulaba procesos penales con fines políticos. Recordó además que desde esa institución se impulsó la controvertida sentencia 0084/2017, que habilitó la reelección indefinida y desencadenó la crisis social y política de 2019.

Rivera destacó que el cierre del Ministerio representa un paso decisivo hacia un nuevo ciclo de reinstitucionalización democrática, orientado a recuperar el Estado de derecho y encarar la transformación del sistema judicial, hoy afectado por una profunda crisis. Afirmó que uno de los principales problemas ha sido la falta de independencia debido a la fuerte injerencia del Ejecutivo, lo que habría deteriorado la confianza ciudadana en la justicia y debilitado la seguridad jurídica.

Consultado sobre si el problema radica en las instituciones o en quienes las administran, Rivera sostuvo que son las personas las que deforman o fortalecen la institucionalidad. Criticó que, durante las últimas dos décadas, figuras vinculadas al poder hayan deteriorado la independencia de los órganos Judicial, Electoral y Legislativo. En esa línea, pidió al Gobierno consolidar una verdadera carrera administrativa para evitar que cargos públicos se asignen como recompensa política y garantizar que los funcionarios sean seleccionados por mérito, idoneidad y probidad, especialmente en áreas sensibles como el sistema tributario y aduanero.