Asambleísta advierte sobre manejo inadecuado de residuos por actividad minera cerca de Incachaca

La Asamblea Departamental de La Paz realizó una inspección ocular a dos cooperativas mineras, Progreso y Santa Albertina, ubicadas cerca de la represa de Jamp’aturi, tras detectar diversas irregularidades en sus operaciones. La comisión, encabezada por la asambleísta Andrea Echeverría y acompañada por autoridades de la Secretaría de Madre Tierra y Medio Ambiente, constató que las cooperativas no aplican un manejo adecuado de los residuos sólidos y carecen de las piscinas necesarias para el desagüe y control de desechos de la actividad minera.

Se destacó que, aunque la cooperativa Progreso cuenta con licencia ambiental, ambas operan desde hace 15 a 20 años sin contar con la supervisión efectiva de las autoridades competentes. Echeverría cuestionó la demora en las inspecciones y la aparente complicidad de instancias como el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que debieron garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la zona.

Durante la visita también se detectó que las cooperativas podrían estar desviando agua destinada al consumo de la ciudad de La Paz para uso minero. Las autoridades señalaron que se tomarán fotografías y se elaborará un informe técnico para identificar las irregularidades y posibles responsables. Además, se advirtió que algunas instalaciones ya muestran señales de abandono o desmantelamiento, presuntamente para evitar sanciones.

La asambleísta explicó que la Ley Municipal 127, promulgada en 2015, declara a Jamp’aturi como área de conservación, protegiendo la flora, fauna y recursos hídricos, pero que esta normativa ha sido ignorada por las cooperativas y respaldada por licencias emitidas por los municipios de La Paz y Palca. Por ello, se iniciará un proceso de fiscalización más riguroso, incluyendo inspecciones sorpresivas para verificar el cumplimiento de la ley.

Finalmente, la Asamblea Departamental planea elevar un informe al pleno para que se tomen las acciones legales correspondientes contra los responsables. Echeverría enfatizó que continuarán buscando la cooperación de EPSAS, MMAyA y AJAM para esclarecer el uso de los recursos hídricos y asegurar que las operaciones mineras cumplan con la normativa ambiental, garantizando la protección de los ecosistemas y el agua de consumo de la región.