F10 presentó una denuncia por presuntas actividades mineras en inmediaciones de la represa de Incachaca, que abastece de agua al sur del departamento. El asambleísta Fernando Condori señaló que, aunque EPSAS asegura no haber evidencia concreta de contaminación, es necesario evaluar de manera integral el impacto de estas operaciones sobre los recursos hídricos.
Condori informó que se organizará una inspección multidisciplinaria que incluirá a la UMSA, EPSAS, la alcaldía, la Secretaría de Madre Tierra y la propia Asamblea Legislativa. El objetivo es determinar la legalidad de los trabajos mineros y verificar que las actividades no afecten la calidad del agua consumida por la población.
El asambleísta alertó que represas como Incachaca, Jamp'aturi y el Valle de Zongo son espacios naturales de conservación y cuestionó quién autoriza intervenciones en estas áreas protegidas. Además, destacó la preocupación por el uso de sustancias como mercurio y cianuro por parte de algunos actores mineros, que podrían generar daños ambientales significativos.
Según datos compartidos por Condori, en el departamento de La Paz operan más de 15 mil empresas mineras legales y alrededor de 20 mil ilegales, muchas de ellas realizando actividades sin supervisión adecuada. La inspección está programada para la próxima semana y buscará garantizar la transparencia en la fiscalización de estos trabajos y proteger los recursos hídricos de la región.