Desafíos y avances en la inclusión del lenguaje de señas en Bolivia

Avatar prensa F10 | 24 de septiembre de 2025 0 Likes 0 Ratings

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La comunidad sorda en Bolivia continúa demandando mayor inclusión y reconocimiento, principalmente a través del uso del lenguaje de señas. Aunque en 2012 se promulgó la Ley 223 para brindar mayores oportunidades a las personas con discapacidad, las falencias persisten en áreas clave como la educación. Familias y organizaciones remarcan que el aprendizaje de la lengua de señas boliviana es esencial para la comunicación de niños y jóvenes sordos, y que los padres deben ser los primeros en fortalecer ese vínculo.

Actualmente, instituciones como la DNLSB y EFFETÁ trabajan en la formación de familias y docentes, lo que ha permitido que algunas unidades educativas promuevan la inclusión a través de talleres y capacitaciones. Sin embargo, la cobertura sigue siendo limitada y muchos estudiantes sordos aún enfrentan barreras para acceder a una educación de calidad. Profesores que han recibido cursos de lengua de señas reconocen que falta mayor preparación y respaldo estatal para que la inclusión deje de ser parcial.

El pasado 15 de septiembre de 2025, el Defensor del Pueblo pidió que la Asamblea Legislativa reconozca el lenguaje de señas como un idioma oficial del Estado, con el objetivo de profundizar la inclusión educativa. A pesar de ello, desde la Comisión de Política Social aún no se ha presentado ninguna propuesta de ley. Según representantes del sector, esta falta de acción política mantiene invisibilizada a una población que, a pesar de estar amparada por la Constitución, sigue siendo relegada en distintos ámbitos sociales y educativos.

En paralelo, algunas instituciones como el Comando General de la Policía Boliviana han iniciado capacitaciones en lengua de señas para su personal, buscando mejorar la atención a la comunidad sorda. No obstante, las organizaciones de personas con discapacidad insisten en que estas iniciativas no son suficientes y que el próximo gobierno debe priorizar políticas públicas sólidas que garanticen una verdadera inclusión, tanto en el ámbito educativo como en el social.


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