La revisión de la Ley 348 queda en pausa y será retomada por las autoridades electas

La modificación de la Ley 348, que sanciona la violencia contra la mujer, se mantiene como una deuda pendiente de la Asamblea Legislativa. La norma, promulgada en 2013 durante la gestión de Evo Morales, contiene 20 artículos y buscaba proteger a las mujeres de agresiones físicas y sexuales. Sin embargo, en la práctica surgieron contradicciones que, según críticos, vulneran derechos de los hombres, al tiempo que generan cuestionamientos sobre la igualdad en la aplicación de la ley. Datos del Ministerio Público indican que en 2024 se registraron 50.300 casos bajo esta legislación, incluyendo violencia familiar, delitos sexuales y 84 feminicidios.

El debate sobre la modificación de la 348 ha sido respaldado en ocasiones por figuras políticas como Andrónico Rodríguez, expresidente del Senado, quien señaló que hombres y mujeres no deben considerarse mundos separados y que la legislación debe equilibrar los derechos de ambos géneros. Desde abril, la propuesta de cambio quedó archivada, dejando la tarea pendiente para la nueva Asamblea. La intención es garantizar un debido proceso justo y evitar interpretaciones que favorezcan únicamente a un sector de la población.

El archivamiento de la propuesta original se debió, en parte, a artículos considerados ajenos a los objetivos principales de la ley. Sin embargo, los casos de mala aplicación de la norma —como denuncias que derivan en detenciones preventivas para los hombres sin un proceso equitativo— han motivado que la reforma vuelva a ser prioritaria. Los legisladores subrayan que la revisión debe contemplar la experiencia acumulada y corregir las deficiencias observadas en su aplicación práctica.

La nueva Asamblea Legislativa, con mayoría femenina, enfrenta ahora el desafío de ajustar la Ley 348 para que sea efectiva y equilibrada. Se prevé convocar a distintos sectores, incluyendo agrupaciones de hombres y mujeres, para garantizar que los cambios respondan a la realidad social y no solo a la letra de la norma. La meta es reforzar la protección contra la violencia de género sin vulnerar los derechos de ningún ciudadano, construyendo un marco legal más justo y eficiente.