Operativo en favelas de Río de Janeiro genera preocupaciones por derechos humanos, señala Álvaro Del Pozo, Analista Internacional

La reciente operación policial en las favelas de Río de Janeiro ha generado un intenso debate sobre la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos. Analistas internacionales señalan que este tipo de intervenciones, aunque necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, podrían derivar en vulneraciones graves, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La operación, dirigida por el gobernador Claudio Castro, dejó un saldo elevado de fallecidos y cientos de detenidos, lo que evidencia la complejidad de enfrentar a organizaciones criminales como el Comando Vermelho.

Se destaca que la acción fue llevada a cabo sin la participación directa de las fuerzas federales, lo que ha provocado tensiones políticas entre el gobierno central y el estado de Río de Janeiro. Este operativo coincide con la preparación de Brasil para recibir importantes eventos internacionales, como la COP 30, y según expertos, busca proyectar una imagen de seguridad ante la comunidad global. Sin embargo, estas decisiones generan cuestionamientos sobre la proporcionalidad y legalidad de los métodos empleados.

El analista Álvaro Del Pozo remarca que la expansión del narcotráfico y la pérdida de control estatal en varias favelas obligan a intervenciones contundentes, pero también resaltan los riesgos de fractura social y daños a la población civil. Los territorios dominados por mafias como el Comando Vermelho representan un desafío estructural para el estado, que busca recuperar el control sin comprometer la legitimidad de sus acciones.

Finalmente, se subraya la dicotomía entre legitimidad y legalidad en este tipo de operativos. Si bien los resultados de estas acciones refuerzan la percepción de eficacia del gobierno ante la sociedad, las vulneraciones a los derechos humanos y la posible afectación a la imagen internacional de Brasil se convierten en un debate ineludible. Organizaciones defensoras de derechos humanos ya han alertado sobre el impacto negativo de estos operativos en la percepción global del país.