«Para nosotros no hay trabajo fijo ni seguro de vida”, denuncia víctima de Octubre Negro en El Alto

Han pasado 22 años desde la denominada Guerra del Gas en Bolivia, que dejó un saldo inicial de 68 muertos y más de 400 heridos, marcada por enfrentamientos en Sorata y otras regiones del país. Este conflicto social, desencadenado por la decisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural a Chile, generó convulsiones que impactaron profundamente la vida de los bolivianos y provocaron la renuncia del mandatario. Desde entonces, las víctimas denuncian que las promesas de reparación y los compromisos pendientes nunca se cumplieron, dejando secuelas físicas, económicas y sociales.

Entre los puntos no cumplidos de la agenda nacional de octubre de 2003, destacan la nacionalización e industrialización del gas, la reactivación del aparato productivo y la justicia para los responsables de la masacre. Aunque algunos aspectos, como la asamblea constituyente, se implementaron parcialmente, los responsables materiales e intelectuales del conflicto, según denuncian los afectados, aún gozan de protección y no han sido juzgados adecuadamente, lo que mantiene viva la sensación de impunidad.

Genaro Gisbert, víctima de los enfrentamientos, relató que su vida nunca volvió a la normalidad tras recibir un impacto de bala en Sorata, dejando secuelas físicas y dependencia de prótesis y apoyo familiar. Denunció que hasta la fecha no cuentan con empleo fijo, renta ni seguro de vida, y que han sido olvidados por las autoridades de distintos gobiernos, incluyendo los de Evo Morales y Luis Arce. La precariedad económica obliga a sobrevivir en condiciones difíciles, vendiendo productos en la vía pública y dependiendo de la ayuda familiar.

A 22 años de los hechos, las víctimas recuerdan la lección de que la unión del pueblo puede superar la represión gubernamental, pero también denuncian que la recuperación de los recursos naturales y la justicia para los afectados sigue siendo incompleta. La Guerra del Gas dejó enseñanzas sobre la defensa de los derechos ciudadanos y la necesidad de que los gobiernos garanticen la reparación y protección de quienes sufrieron las consecuencias de la violencia estatal.