Pedro Quispe denuncia que hace un año no atendieron las quejas del transporte pesado

Ayer, la Cámara de Senadores aprobó una ley corta, transitoria y excepcional para la venta de combustible en todo el país, con carácter de emergencia y buscando garantizar el suministro de manera inmediata. La normativa establece que la entrega será directa de la cisterna al surtidor, evitando la intermediación de YPFB y de la ANH durante 90 días, con precios de diésel y gasolina que se mantendrán sin incremento. Esta medida busca atender la escasez y la crisis en el abastecimiento que afecta a diversos sectores productivos y ciudadanos.

Pedro Quispe, dirigente del transporte pesado, manifestó su preocupación sobre los detalles operativos del proyecto, cuestionando quiénes traerán el combustible, los costos y si habrá garantías suficientes para garantizar un suministro efectivo. Recalcó que la importación directa desde países vecinos, sin intermediarios, sería la forma más eficiente de abastecer las estaciones de servicio y evitar sobreprecios históricos que afecten a los consumidores.

El proyecto de ley también busca liberar de IT e IVA a quienes importen combustible, asegurando que el suministro llegue directamente a las estaciones. Según Quispe, esta disposición representa un avance importante, pero advirtió que si la intermediación de YPFB y ANH se mantiene, el proyecto podría no funcionar correctamente, repitiendo los problemas de corrupción y sobreprecio que se han registrado en importaciones anteriores.

El dirigente destacó que el proyecto original fue presentado por el Comité Cívico de Santa Cruz y aprobado en el Senado, aunque su propuesta inicial no fue tomada en cuenta. Quispe recordó que desde hace un año habían denunciado la posibilidad de traer combustible a menor costo y sin intermediarios, pero las autoridades no escucharon las propuestas, lo que generó retrasos y desabastecimiento en varios departamentos.

Finalmente, Quispe enfatizó la importancia de mantener un solo precio nacional para el combustible, evitando que el sobrecosto afecte a los sectores productivos y a los consumidores. Señaló que de no aplicarse correctamente, el precio elevado del diésel podría repercutir en alimentos básicos y otros productos, afectando directamente al pueblo boliviano, y urgió a que las próximas autoridades garanticen la implementación efectiva de esta normativa de emergencia.