El Tribunal Departamental de Justicia del BEMU emitió el autointerlocutorio N° 21-1 del 25, confirmando que los amparos constitucionales están dirigidos a las instituciones y no a las personas. En el documento, se aclara que, pese a menciones erróneas sobre el involucramiento de altos mandos como el general Augusto Russo, el general Ricardo Pérez y el general Roque Araya, las acciones se enfocan en la respuesta institucional. Además, se instruyó remitir los antecedentes disciplinarios a las instancias correspondientes dentro de la Policía Boliviana.
Como medida adicional, se ordenó a todos los ciudadanos involucrados cumplir por última vez la resolución 68-20-24 del 1 de agosto de 2024, con un plazo máximo de tres días para su ejecución. El general Teddy Chacón, en su rol de presidente de la comisión de apelación, emitió una nueva resolución que da cumplimiento a lo establecido en el autointerlocutorio, reafirmando la aplicación efectiva de las disposiciones constitucionales y disciplinarias.
