YPFB defiende la legalidad de sus exportaciones y niega perjuicio a Bolivia en plena crisis de combustibles

YPFB rechazó las acusaciones de presunto contrabando de exportación agravado que derivaron en una orden de aprehensión contra Armin Dorgathen. Oscar Claros, gerente de contratos de exportación de gas natural de YPFB, aseguró que todas las operaciones de exportación se realizan dentro del marco legal y con la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por lo que no existe daño económico ni delito alguno en las transacciones hacia Argentina y Brasil.

El director de la ANH, Joel Callao, respaldó la versión de YPFB, indicando que las autorizaciones solo se otorgan cuando se cumplen todos los requisitos normativos. Claros agregó que el contrato observado generó ingresos legales de 14,4 millones de dólares, pagados directamente a las cuentas de Yacimientos administradas por el Banco Central de Bolivia, eliminando cualquier especulación sobre posibles desvíos de recursos.

La orden de aprehensión se produce en un contexto de crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia, con largas filas en surtidores, transportistas varados y producción agrícola afectada por la escasez de diésel. Este escenario ha generado críticas hacia el gobierno y ha puesto a YPFB en el centro del debate público sobre la gestión del suministro energético.

Por otra parte, la presidenta de la aduana señaló que los exfuncionarios que presentaron la denuncia podrían tener motivaciones de revancha, ya que ellos mismos aprobaron la exportación de gas previamente. La autoridad anunció que se presentará una querella por la violación de la ley aduanera y que se apersonará a la fiscalía de Yacuiba para dar declaraciones sobre la denuncia contra Dorgathen y otros involucrados.